Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló este miércoles con su equipo económico una comisión que se encargará de elaborar un plan estratégico para el manejo de los activos públicos de la nación, con el fin de «elevar los niveles productivos».
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, explicó que la comisión apunta a la productividad de su país y tiene como objetivo «atender los aspectos estratégicos de la vida nacional» y robustecer al Estado.
«Queremos dar, justamente, agilidad y modernidad a los procesos estatales», afirmó la líder chavista, quien explicó que, en una primera etapa, la comisión clasificará los activos estatales en categorías, una de ellas con los bienes pertenecientes totalmente al Estado y otra con aquellos que tienen participación del sector privado.
Una tercera categoría incluye activos que serán evaluados para, explicó, determinar «qué bienes no son en realidad necesarios para los procesos estratégicos del Estado», y otra los que pasarían a un proceso de liquidación.
En la reunión participaron el vicepresidente del área económica, Calixto Ortega, el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas; el de Comunas, Ángel Prado, y la titular de la cartera de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.
También se encontraba la procuradora general, Arianny Seijo, así como el expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) Luigi Pisella, en representación del sector privado.
El pasado 8 de abril, la presidenta encargada anunció una serie de medidas para dinamizar la economía venezolana, aunque sin definir acciones concretas, y que pasan por la revisión del modelo chavista, con la promesa de un diálogo laboral, un aumento de salario, reformas tributarias y de leyes inmobiliarias.
Entonces, ordenó la conformación de una comisión para la evaluación «estratégica» de los activos del país, aunque aclaró que ese proceso no incluiría a la industria de los hidrocarburos, abierta este año al sector privado y a la inversión extranjera con una sustancial reforma de la ley petrolera aprobada en medio de los acercamientos con EE.UU.
